Libros de ayer y hoy/Teresa Gil
Del hábeas corpus para desvalidos a la protección de saqueadores
Teresa Gil
Varios de los excelentes maestros que tuve en la escuela de derecho de la Universidad de Sonora, repetían no sin cierto humorismo que en la Suprema Corte había de limón, de piña y de manteca. Y no se referían solo a las sentencias, sino a los personajes que la integraban. Había en ellos cierta duda fundada sobre la certeza del poder judicial y de alguna manera lo ponían al nivel que lo puso Montesquieu, señalado en crónica anterior, sobre dicho poder como el menos importante de los tres. No es quizá ese extremo el que debe discutirse porque la historia ha demostrado la pertinencia de un poder judicial que tuvo momentos luminosos en ciertas etapas y los personajes que llegaron a ser presidentes de la Suprema Corte, uno de ellos don Benito Juárez. Tampoco resoluciones vergonzosas que favorecieron intereses oscuros o la aplicación de esa ramera llamada consigna que tanto han utilizado ciertos gobiernos, demerite el trabajo serio de miles de jueces conscientes y de personajes modernos que han sido relevantes en la interpretación jurídica. Las cosas hay que ponerlas en su justo medio y partir de lo que hace daño a un poder que no ha podido fincar su eficacia, en una justicia pronta y expedita, en una justicia justa, valga la redundancia y en la que hay puntos y seres oscuros que en este momento actual deben analizar con la profundidad de la reflexión, los verdaderos juzgadores de México.
DE JUAN SIN TIERRA PARA APOYAR A DESVALIDOS AL JUICIO DE LOS PODEROSOS
Por lo caro y complejo la realidad es que el Juicio de Amparo lo utilizan en su gran mayoría los ricos y poderosos, asesorados por los caros despachos de abogados que han hecho del derecho un negocio muy lucrativo. La historia del Juicio de Amparo fechado formalmente en México a partir de 1841 tiene una larga trayectoria atrás en el hábeas corpus como se llama aún en muchos países del mundo. Ya algunos historiadores remiten a la antigua Roma no para fijar fecha de creación, sino para recordar que había leyes especiales que protegían a los seres más desvalidos, esclavos sobre todo, frente a los abusos de sus dueños y la relevancia de que algunos, en esos juicios terminaran por obtener la libertad. La discusión en torno a la también antigua Inglaterra aunque más reciente, remite al origen fundamental de ese juicio, a partir de aquella Constitución Magna Carta Libertatum de 1215, que firmó el rey Juan I llamado Juan sin tierra. De esa manera se oficializó en el mundo el hábeas corpus que no tiene más significado que el cuerpo presente, el hecho de que cualquier persona tuviera un juicio justo y su presencia, para convalidar la salud y la vida, estuviera expuesta. Fue un amparo en su justo nombre como lo utilizó siglos después México, ante los abusos de los señores feudales sobre todo contra sus siervos. Tal como ocurría en Roma, la norma perseguía un principio de justicia para los más desvalidos del reino. Más de cuatro siglos después en 1640-79, la ley se había ampliado, para incorporar nuevas materias defendibles con carácter urgente. Un gran visionario como el yucateco Manuel Crescencio Rejón, apoyado después por Mariano Otero, recopilaron todos los principios que al respecto se tenían en el país, para crear lo que desde 1840-41 se ha llamado la ley yucateca o sea, nada menos que el juicio de garantías o Juicio de Amparo.
El JUEZ JUAN PABLO GÓMEZ Y LOS AMPAROS QUE AFECTAN LA SOBERANÍA
La polémica en torno a los amparos en contra de la ley eléctrica no se cuestionan por su oficio jurídico porque sin duda los hicieron abogados expertos que saben por donde entrarle. Lo que está en juego es la defensa que dan esos recursos a empresas poderosas que tienen contratos leoninos otorgados por gobiernos pasados. Y que curiosamente se han presentado varios ante el mismo juez. Eso evidencia ante la opinión pública que ya lo tenían contactado para la presentación de los recursos. Lo que la ley está cuestionando son contratos que atentan contra la soberanía nacional y se oponen a la inalienable propiedad del pueblo sobre sus recursos. A lo largo de estos años, cuando empezó a instalarse el tipo de aplicaciones que usan en campo traviesa los empresarios, se han denunciado multitud de abusos y agresiones a pueblos donde están esas instalaciones y la poca resonancia que han tenido en su aporte. Hay además afectación al medio ambiente, muerte de aves y desalojo de terrenos. La ley pretende recuperar el dominio nacional de su energía. Cuando se presenta un amparo, el juez también interpreta la ley en la demanda y esos principios fundamentales mencionados deben entrar en esa interpretación. El juez, que ha sido defendido por el presidente de la Corte Arturo Zaldívar, ha permitido la entrada a más amparos, en una actuación que demuestra que hay una intención cómplice de varios actores, de socavar la ley eléctrica. Aunque algunos medios han señalado que se crea una nueva relación entre ambos poderes dada la sujeción a la que estuvo sometido el judicial, el asunto está causando roces polémicos y todo parece indicar que trabajadores y organismos sociales han reaccionado para entrar a la defensa. La situación se da cuando se cumplen 83 años de la Expropiación Petrolera cuando se dio un caso similar, en el que el pueblo apoyó a su presidente Lázaro Cárdenas. La ley de Amparo (Editorial Sista 2012) es un libro pesado, complejo y que dominan pocos en el medio abogadil. Lo usan, como se dijo, grupos pudientes y de hecho es una ley elitista que al contrario del hábeas corpus original, lejos de apoyar a los desvalidos, los hunde más en su desvalidez.
