Proponen eliminación de cobro de copias certificadas en STJE
MORELIA, Mich., 9 de octubre de 2020.- Eliminar el cobro de las copias certificadas que emitan los jueces o secretarios del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) cuando sean solicitadas por una persona que las requiera para hacer efectivo el ejercicio de un derecho o para el desconocimiento de una obligación, proponen los diputados integrantes de las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda y Deuda Pública.
El pleno de la 74 Legislatura discutirá y votará si se aprueba o no una iniciativa con proyecto de decreto presentada por los legisladores bajo el argumento de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.
Consideran en su exposición de motivos que imponer un cobro por la certificación y cotejo de expedientes, se equipara a una costa judicial, situación que contraviene el principio de gratuidad en el acceso e impartición de justicia, y prohibida por el artículo 17 Constitucional, además de que no se puede condicionar el acceso o la impartición de la justicia, al pago de un derecho fiscal.
Reconocen que el estado atraviesa por una crisis económica sin precedentes, pero las familias michoacanas no son responsables del quebranto financiero que atraviesa la entidad, y menos justo que sean los michoacanos quienes paguen las consecuencias de los malos manejos de los recursos públicos con el pago de más impuestos y derechos fiscales ahora hasta para poder tener acceso a la justicia.
Afirman los diputados que las personas no solicitan certificaciones de documentos por interés personal sino para que son indispensables para fines legales ya sea para el acreditamiento de un derecho, para el ejercicio de una acción, para garantizar el cumplimiento de una obligación, para el desconocimiento de una obligación o para ejecutar una sentencia, por lo que deben otorgarse sin el pago de derechos fiscales.
Para ello es necesario establecer la gratuidad de la certificación de documentos judiciales en la Ley de Hacienda del Estado, previa aprobación del pleno.