Funcionarios alcanzarían prisión por parcialidad en comicios
MORELIA, Mich., 7 de septiembre de 2020.- Los servidores públicos deben conducirse con imparcialidad durante el proceso electoral para evitar sanciones que pueden llegar a la prisión y consecuencias como la de anular una elección por atentar contra la libertad de los ciudadanos, afirmaron el vocal Ejecutivo de la Junta local del INE, David Alejandro Delgado y el presidente del IEM, Ignacio Hurtado.
Durante la firma de un convenio de blindaje electoral para la elección de 2021 con la Secretaría de Bienestar en Michoacán, Delgado señaló que aún cuando hay prohibiciones como la propaganda personalizada, llegando a la prisión preventiva oficiosa a quien haga uso de programas sociales con fines electorales para inhibir conductas no deseadas, es mejor la imparcialidad.
El funcionario electoral consideró relevante en el proceso que inicia que se pueda sancionar a los servidores públicos por menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de los derechos político electorales de las mujeres e incurrir en actos u omisiones constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de género.
El presidente del IEM celebró que el acuerdo proviniera de la delegación de la Secretaría de Bienestar porque al venir desde adentro de una institución del Estado refrenda el compromiso que tiene para generar las mejores condiciones para el desarrollo del proceso electoral.
“En sus manos se encuentra un elemento fundamental para la democracia que es precisamente el tema de los programas sociales y particularmente lo que muchos identificamos como democracia social porque como nos recuerda la Constitución, la democracia es un sistema de vida fundado en el mejoramiento social del pueblo y ustedes, a través de sus programas, fortaleciendo es aparte de la democracia social, económica y cultural”.
Coincidió con Delgado sobre lo fundamental que será la imparcialidad en el manejo de los recursos públicos y las guías legales institucionales están claras para sancionar de no ser así, pero en manos del Estado está la normalidad del proceso electoral ya que sus acciones u omisiones contra de la ley pueden tener impacto en el proceso electoral y llevar hasta la nulidad de una elección porque lo que está en juego es la libertad del ciudadano de tomar su propia decisión.
