Acciones legales contra ArcelorMittal, por incumplir ley: Itzé Camacho
LÁZARO CÁRDENAS, Mich., 25 de julio de 2020.- El Gobierno municipal que encabezo, tuvo que tomar acciones legales frente a la empresa ArcelorMittal, dada su renuencia para cumplir, pese a los reiterados llamados, con lo que establece la legislación local, precisó la presidenta municipal María Itzé Camacho Zapiain.
De acuerdo a un comunicado de prensa, en un mensaje dirigido a la población del municipio, la alcaldesa detalló que la clausura parcial de la planta siderúrgica, fue en respuesta al caso omiso de la misma para regularizar su situación legal ante el Ayuntamiento.
“Como todas las demás empresas asentadas en el municipio y giros mercantiles, deben contar con su licencia de funcionamiento, como lo establece el Reglamento Municipal de Actividades Mercantiles, Industriales y de Servicios del Municipio de Lázaro Cárdenas, vigente desde el 31 de mayo del 2019”, recordó.
Aunado a ello, deben contar con un programa interno de Protección Civil para en casos de desastres y emergencias, avalado por el Sistema Nacional de Protección Civil. Si bien, tras su requerimiento formal se recibió el documento, durante su revisión se notó que carece de legalidad, ya que fue realizado, evaluado y acreditado por el mismo personal de emergencia de la empresa.
“El documento, como se estableció en su revisión, carece de legalidad, ya que la empresa no tiene registro para actividad de asesoría, capacitación, evaluación y elaboración de programas por parte del Sistema Nacional de Protección Civil. No puede ser juez y parte de una misma causa”, puntualizó.
Anotó Itzé Camacho, que si bien la empresa acerera intentó realizar su trámite de licencia de funcionamiento, por medio de sus representantes, esta le fue negada como a todo ciudadano y/o empresa que no esté al corriente en sus pagos de impuestos y servicios, como son predial y suministro de agua potable.
Ante el posicionamiento de ArcelorMittal, tras los actos legales emprendidos por el Ayuntamiento, en los que busca desvirtuar el derecho que le corresponde a la administración municipal, la primera edil aclaró que no se recibió, ni se ha recibido de autoridad alguna, notificación del otorgamiento de un amparo en favor de la empresa, contra la clausura llevada a cabo el día de ayer.
“Durante los actos legales de este jueves, arribó una persona, quien se dijo ser apoderado jurídico de la empresa, sin acreditarlo ni identificarse, y dijo de la existencia de un supuesto amparo federal, fechado el 10 de junio, sobre de suspensión de acciones en contra de la empresa, por parte del Ayuntamiento, el cual no aplicaba en este caso”, reiteró.
Agregó que no es lógico el otorgamiento de amparo por un juez federal desde el 10 de julio, porque la clausura se hizo efectiva el día 23 de julio. Tampoco es posible que se otorgue una suspensión contra un hecho consumado.
“Las clausuras, motivadas y fundamentadas en la ley, se hicieron en el interior de la empresa y sólo se inmovilizaron algunas instalaciones de oficinas no esenciales para la operación y producción, ya que por el tipo de empresa de que se trata, no pueden cerrase áreas de importancia para el funcionamiento de la misma”, indicó.
Camacho Zapiain, dejó en claro que, de existir alguna determinación federal que ordene levantar la clausura, se hará sin demora, aunque insistió que la misma estuvo apegada a derecho y fue emitida en aras de proteger la integridad física de los trabajadores de la empresa y de los habitantes del municipio.
Por último, en cuanto al adeudo por concepto de impuestos que mantiene la empresa, específicamente por las actualizaciones catastrales y de predios en su posesión que no se han declarado al fisco municipal, su cobro se hará conforme a la legislación fiscal correspondiente.
“Somos los primeros en lamentar que se haya tenido que hacer uso de las atribuciones extremas que la ley no sólo permite, sino obliga al ayuntamiento para salvaguardar y hacer valer los derechos del municipio. Estamos ahora a lo que las autoridades competentes, como lo es el Tribunal de Justicia Administrativa o un juez federal, determinen sobre la situación legal de la empresa con el Ayuntamiento.
Al asumir el mandato de presidenta municipal de Lázaro Cárdenas, me comprometí, como dice la ley y como es mi convicción, a ‘respetar y hacer respetar la constitución política del país, y las leyes que de ella emanan’; estoy convencida que ‘dentro de la ley, todo y fuera de la ley, nada’, finalizó Itzé Camacho.
