Rehúyen municipios fianzas para garantizar buen ejercicio de recursos
MORELIA, Mich., 11 de junio de 2020.- La publicación de los lineamientos para el pago de fianzas a que obliga la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado a todo funcionario público que maneje recursos públicos, provocó la rebelión de la mayoría de los ayuntamientos que ya acudieron a los tribunales para evadir esa responsabilidad.
De acuerdo con la ley, las fianzas son entre el uno y el cinco por ciento del total del presupuesto a ejercer y deben contratarlos los ayuntamientos, consejos municipales y comunidades o consejos indígenas y ciudadanos y presentarlas ante la Auditoría Superior de Michoacán.
El presidente municipal, el síndico, el tesorero o el responsable de la administración o ejecución de recursos públicos, el titular o responsable del área correspondiente a las obras públicas y el titular o responsable del organismo operador de agua potable y alcantarillado, están obligados a entregar su fianza como garantía de un correcto ejercicio de los recursos públicos.
Lo que ocurre es que los ayuntamientos se instalaron en 2018, la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas se promulgó en 2019 y los lineamientos para aplicar esa norma apenas se publicaron el pasado mayo porque no se cumplieron los tiempos establecidos en la propia ley por parte de la Auditoría Superior de Michoacán.
Los funcionarios municipales alegan que no se les puede aplicar de manera retroactiva una ley que no existía cuando ellos tomaron posesión, pero en todo caso no tendrían que pagar fianzas de 2018 ni de 2019, sino solo la del ejercicio fiscal vigente, ya que la aplicación del recurso es anual.
Por eso acudieron al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) a buscar la protección de sus derechos político electorales, aunque no se trata de un requisito para ser candidatos, sino de una condición cuando se asume el poder.
Sin embargo, funcionarios de los municipios de Zitácuaro, Huetamo, Cotija, Tacámbaro, Pátzcuaro, Parácuaro, Nocupétaro, Tiquicheo, Angangueo, Cojumatlán, Venustiano Carranza, Chinicuila, Cuitzeo, Carácuaro, Ixtlán, Charapan, Copándaro, Indaparapeo, Santa Ana Maya, Aquila Huandacareo, Senguio, Tarímbaro, Turicato, Tlalpujahua, Los Reyes, Villa Madero y Ario de Rosales, entre otros, ya iniciaron los juicios y habrá que esperar a que el tribunal resuelva.
A nivel estatal, los obligados son los titulares de las dependencias de la administración pública centralizada, entidades paraestatales y órganos constitucionales autónomos, pero de parte de ellos no se ha iniciado ningún procedimiento.
