Van contra instituciones que participan en explotación sexual
MORELIA, Mich., 10 de junio de 2020.- Ante la proliferación de instituciones de asistencia privada sin apego a la norma y que terminan lucrando, defraudando y hasta explotando sexualmente a los supuestos beneficiarios, el diputado Humberto González propuso la clausura, prisión e inhabilitación para el ejercicio de la profesión de ese tipo de instituciones que no cuenten con los permisos y registros necesarios para su operación.
Al presentar una iniciativa de ley para reformar, adicionar y derogar diversos artículos de la Ley de Asistencia Privada y del Código Penal, la cual fue suscrita prácticamente por todos los diputados conectados a la plataforma Zoom, señaló que la asistencia privada es una actividad de interés público que ha sido prestada por particulares sin propósitos de lucro, o sin precisar un beneficio individual, sino social.
Sin embargo, la realidad es que la prestación de estos servicios tiende a generar ingresos muy importantes por la adquisición de recursos materiales y humanos de las empresas como una forma de financiamiento para las fundaciones, a la vez que las empresas donantes encuentran una forma de deducir gastos y aunque tienen obligación de transparentar recursos solo lo hacen en el ámbito local, cuando desde lo federal obtienen beneficios fiscales y beneficios económicos.
Por ello planteó que esas instituciones deben justificar su información contable y su alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como una garantía de que los recursos ejercidos son erogados bajo los criterios de transparencia y máxima publicidad, toda vez que sus actividades involucran a grupos y personas marginadas o de vulnerabilidad.
Su propuesta contiene la integración de un sistema de denuncias que haga posible restringir la proliferación de instituciones que se hagan pasar por instituciones de asistencia social y evitar caer en los fraudes tan comunes como es que personas se enriquezcan o lucren con el internamiento de personas en centro de rehabilitación, patronatos, orfanatos y demás establecimientos que prestan servicios apócrifos ante la necesidad de una mejor vida.
Como ejemplo señaló que la Universidad Michoacana estima que en el estado hay 320 casos de centros de rehabilitación que operan sin un control o autorización de la Junta de Asistencia Privada y aunque existe un padrón de instituciones dicha información no recibe la difusión necesaria para que sean verificables por los usuarios o las personas que necesitan de este tipo de servicios.
Es así como la falta de rigor en la normatividad ha generado que actividades que se suponen altruistas terminen teniendo fines lucrativos o defraudando a los usuarios en establecimientos que sirven más como lugares donde se abusa contra la dignidad de las personas, como espacios donde llegan a ocurrir abusos sexuales, violencia sexual, lesiones, explotación y trata de personas.
