Fuerzas Armadas, la última trinchera/Marisol Ochoa y Francisco Gómez F.
La seguridad es uno de los espacios donde es notorio el extravío del gobierno federal, lastre que se maximiza ante el reto que significan las organizaciones criminales que innovan sus mercados y mecanismos de ganancias ilícitas, se expanden y aprovechan cada una de las enormes contradicciones en las que han incurrido las autoridades desde las administraciones de Vicente Fox hasta lo que va de la de Andrés Manuel López Obrador. Sin éxito, cada una de las últimas cuatro administraciones han echado mano de las fuerzas armadas como su estrategia principal para enfrentar el fenómeno delincuencial.
La pregunta ineludible es ¿las fuerzas armadas son nuestra última trinchera? La respuesta gubernamental para López Obrador, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox es y fue un sí rotundo por no haber otra opción. Con diferente matiz, cada uno de ellos han recurrido a las fuerzas armadas para contener la delincuencia y el crimen organizado, debido a la evidente debilidad no sólo operativa sino institucional de las corporaciones policiacas del orden federal, estatal y municipal.
A partir de la formalización del actuar de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, el escenario al que se enfrentarán, si bien es complejo, no lo desconocen. Es cierto que las tareas que seguridad púbica habían estado de forma indirecta y directa en manos de la Marina y del Ejército en el sexenio de Fox, pero fue con su sucesor, Felipe Calderón, quien tomó a las fuerzas armadas como su armadura para enfrentar la inseguridad y el crimen organizado. Peña Nieto continuó por el mismo camino bajo la premisa de ser una solución temporal para hacer frente al problema.
Los resultados fueron críticos y no lograron contener ni reorientar la actividad delictiva a un nivel de menor riesgo y peligrosidad para la sociedad. La administración de López Obrador, quien antes de llegar a la presidencia siempre criticó el empleo de militares en la seguridad pública, asumió desde el inicio de su gobierno que no tenía ni había otra alternativa. Desapareció la Policía Federal y creó la Guardia Nacional con militares y apenas hace unas semanas decretó el ingreso de todo el cuerpo militar a las tareas para contener la inseguridad en todo el país.
No obstante, desde esos años y hasta la actualidad, se ha prometido capacitar y profesionalizar a las policías para hacerse cargo se la seguridad pública en municipios y estados, iniciativa que, al día de hoy, no presenta los avances planteados ni ha alcanzado los objetivos esperados a pesar de las grandes inversiones en recursos y esfuerzos. Ahora, ese mismo anhelo prevalece, pero ha pasado a formar parte de la misión del proyecto de militarización de la seguridad pública.
Así, durante tres sexenios, las fuerzas armadas operaron sin marco jurídico en tareas de seguridad pública en casi todo el territorio nacional, debido a la propagación de grupos criminales, y el desmedido aumento de violencia. La ambigüedad jurídica y falta de límites claros, provocó que el actuar de los militares en tareas de seguridad pública tuviera serias implicaciones en el uso excesivo de la fuerza, que derivó en casos de abusos y violación de derechos humanos.
Ahora, con la creación de la Guardia Nacional, y un marco normativo, como el que se había planteado con el proyecto de Ley de Seguridad Interior del ex presidente Enrique Peña Nieto, que en su momento fue rechazado, el escenario no plantea nada nuevo, solo la concentración del mando desde una perspectiva militar. La regulación decretada por AMLO y aprobada en el Congreso de la Unión, busca garantizar dar certeza jurídica y un marco de operación a las fuerzas armadas, pero siguen sin quedar claros los cómo, cuándo y dónde.
Por otra parte, no se puede dejar de lado que la criminalidad ha mutado y ha desarrollado nuevos esquemas de cooptación, control y diversificación de actividades delictivas, aprovechando y reproduciendo la violencia en localidades de todo el país. Ahora, las fuerzas federales tendrán que lidiar con el pandillaje que cada vez es más predatorio y poco estratégico y que, a su vez, ha logrado aprender a moverse en los espacios locales de forma natural.
Esto es importante, ya que uno de los problemas a los cuales se enfrentarán las fuerzas armadas y federales es a esta forma desordenada de operar de los grupos delictivos, que utilizan a las localidades y sus poblaciones para operar, e ir modificando los espacios y el hábito de la población. La delincuencia y el crimen organizado mostraron su esfuerzo por penetrar y posicionarse en la sociedad como un elemento natural, con la entrega de víveres y recursos en diversas poblaciones ante la pandemia de Covid-19.
Por otra parte, la Guardia Nacional si bien está integrada en buena parte por militares en activo y en situación de retiro, sus métodos de reclutamiento pueden representar problemas, pues debido a la exposición de sus miembros -muchos de ellos sin capacitación y libres de cumplir al 100% con la disciplina militar- se corre el riesgo de que puedan ser cooptados por grupos delictivos, lo cual permitiría a los criminales tener acceso de primera mano a los modelos de contención y debilitamiento de sus actividades delictivas por parte de las fuerzas del orden. Es otro aspecto que las fuerzas armadas tendrán que dirigir y también vigilar.
Por otra parte, los despliegues territoriales son cada vez más complejos y mayormente si son permanentes, debido a la porosidad y mecanismos de cooptación territorial que han establecido los grupos criminales en su lógica de control de las plazas. Los grupos criminales tienen mayor movilidad y tienden a desplazarse con facilidad de una población a otra, dependiendo de los recursos económicos de la localidad, la seguridad y utilidad que les propicia el espacio y la construcción de base social que opera como escudo cuando se requiere.
En este sentido, el riesgo de desgaste de las fuerzas armadas para estar frente a este fenómeno delictivo es delicado, ya que la permanencia, la persecución de actividades tanto organizadas como desorganizadas y el contacto directo con la sociedad en zonas de alta incidencia delictiva pudieran no ser el mejor de los escenarios para que los militares logren establecer sus mecanismos de control y contención criminal.
Otro aspecto a tomar en cuenta y que no queda claro hasta ahora es la función que los ministerios públicos tendrán que desempeñar, ya que las detenciones y/o acciones que lleven a cabo las fuerzas armadas tendrán un apartado de justicia local, estatal y federal, por lo que debe quedar bien especificada y clara la cadena de custodia y mando para que no existan contradicciones en las acciones legales y en el terreno operativo.
Como es evidente, no basta con sumar a los militares en la seguridad pública y esperar los resultados que no se han logrado en décadas. Si bien es cierto que se contará con un marco normativo, será una tarea titánica hacer visible el cierre de espacios y alcanzar una disminución clara en las operaciones criminales y en los altos niveles de violencia, lo mismo hacer que las fuerzas armadas estén sometidas a rendición de cuentas a autoridades civiles, respetar irrestrictamente los derechos humanos, sumar a su favor a la sociedad, y finalmente y abonar la ruta para que sean corporaciones y autoridades civiles las que asuman en el futuro nuevamente el control la seguridad pública.
