Observador ciudadano/Enrique Bautista Villegas
UNA CARTILLA MORAL A LA ALTURA DE NUESTROS TIEMPOS Y REALIDAD
Al principio de su administración el Presidente López Obrador señaló que uno de sus actos prioritarios de gobierno sería recuperar y poner en práctica la Cartilla Moral del ilustre pensador mexicano Alfonso Reyes. Su intención seguramente emanaba de la creencia de que la descomposición del tejido social en el país, caracterizado por la corrupción generalizada, la delincuencia incidental y organizada, y la violencia, a lo largo y ancho del territorio nacional, ha sido el resultado de la pérdida de valores y la falta de una educación cívica integral para los niños y jóvenes en todos los ámbitos. Este proceso de descomposición fue avalado y permitido, sino es que expresamente promovido, durante casi cuarenta años por gobiernos neoliberales. Su prioridad fue siempre el enriquecimiento de los política y económicamente poderosos, a costa de los intereses de las mayorías y de los recursos naturales de la Nación.
Muchos coincidimos con la visión presidencial, aunque consideramos que el proceso de recuperación de valores cívicos, éticos y morales, y la reconstrucción del tejido social, debe darse aparejado del fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad pública, la impartición de justicia en todos sus niveles (federal, estatal y municipal), y la aplicación de la Ley sin miramientos ni excepciones.
En otras palabras, debe privilegiarse el interés público, el de las mayorías honestas y comprometidas con el desarrollo de la familia y una sociedad justa. De ninguna manera la observancia de la legalidad puede estar condicionada a la voluntad de “portarse bien” de quienes no están dispuestos a sumarse al Estado de Derecho.
El gobierno de la República ha establecido como una prioridad en materia de seguridad pública la integración de una Guardia Nacional ejemplar, que cumpla con la función de preservar la seguridad de la población y erradicar la delincuencia en cada rincón del país. Pero también debe fortalecer la presencia del Ministerio Público Federal en cada entidad, y convocar, inducir y verificar que los niveles de gobiernos estatales y municipales hagan lo propio. Se requieren ministerios públicos, cuerpos policiacos y tribunales, honestos, preparados, y suficientes, en todos los niveles y ámbitos de gobierno..
Muchos coincidimos con el Presidente en el sentido de que la adopción e implementación de una cartilla moral como método complementario, que no exclusivo, para incidir en la educación y concientización de toda la sociedad, y no solo de los niños, se hace indispensable. A principios de los cuarenta del siglo pasado, el entonces Secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, solicitó a Alfonso Reyes la redacción de un texto que llamó Cartilla Moral. La misma resume algunas opiniones sobre la materia y está escrita con sencillez y claridad. La cartilla presenta al maestro y al lector un testimonio pedagógico de Reyes, reconocido como una de las mentes más lúcidas de su tiempo, no solo de México sino del mundo.
Sin embargo, para recuperar los valores perdidos en la actualidad, si bien el legado de Alfonso Reyes contiene una serie de principios y enunciados universales que constituyen una pauta para la práctica de una conducta social limpia, resulta conveniente la formulación de un nuevo texto que delinee los principios cívico-culturales a la altura de las circunstancias que caracterizan hoy por hoy al país.
La formulación de una Cartilla Moral adecuada a los tiempos presentes debiera hoy ser redactada, no por el Presidente o sus ideólogos afines, sino por un compacto y plural conjunto de entre las mentes más reconocidas del pensamiento, la pedagogía y la academia mexicanas. Este grupo pudiera ser designado a la manera de organismos autónomos, como el INE la CNDH o el INAI, para el cumplimiento de tan importante tarea..
Una Cartilla Moral que recoja principios de honestidad y transparencia, de igualdad social, sentido de solidaridad y trabajo colectivo, espíritu democrático, equidad de género, reivindicación de los derechos de las minorías, inclusión de nuestros pueblos originales, respeto al prójimo, al trabajo digno y a la legalidad, entre otros.
La definición de una política pública de la 4T que tenga como prioridad la reconstrucción de una cultura cívica, incluyente, transparente y honesta está todavía inconclusa. Esperemos que se vuelva realidad.
