Por más diagnóstico y transparencia en la educación/Horacio Erik Avilés
Pasó una semana más, sin que las autoridades educativas federales y locales, así como la hacendaria federal y la de administración y finanzas de Michoacán cumplan con la obligación contraída recíprocamente y ante la sociedad de brindar la información necesaria acerca del “convenio de coordinación para establecer el mecanismo de pago de nómina de los trabajadores del sector educativo al servicio del estado de Michoacán de Ocampo”, para que todos conozcan sus alcances, deslindes y acotamientos, así como el impacto de las medidas anunciadas, estableciendo a la vez los pasos necesarios para su implementación. La muy amarga experiencia en cuanto a rendición de cuentas que colectivamente deja esta etapa es muy digna de tenerse en consideración para definir la actitud que deberá de asumir la ciudadanía ante el gobierno, desde este momento y para los próximos años.
A pesar de no contarse con la información oficial, los efectos del convenio continúan por doquier. Por ejemplo, esta semana se dieron revelaciones, escándalos, marchas, plantones, tomas y paros de labores por razones económicas y político-sindicales en el sistema educativo estatal. Los paros de labores fueron sintomáticos de que no tuvieron los grandes efectos prometidos los términos y condiciones del acuerdo entre el gobierno federal y estatal. Se siguen acumulando grandes dudas acerca de la efectividad en la implementación del convenio presentado por la SHCP/SEP y el Gobierno de Michoacán, especialmente respecto a en qué medida mejora realmente las condiciones laborales de los docentes y la estabilidad de los gremios, primeros garantes del derecho a aprender de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la entidad.
Mientras no se esclarezcan objetiva y detalladamente las áreas de oportunidad en materia de rendición de cuentas en torno al convenio, se mantendrá el clima de desconfianza en torno a sí, sobre todo respecto a que su firma constituyó ser una gran plancha de concreto que cubriría una gran cantidad de medidas polémicas, opacas o incluso cuestionables, como las últimas tres etapas de jubilación, los ascensos otorgados, las entregas de horas hasta alcanzar tiempos completos, el ingreso al servicio profesional docente y al personal de asistencia y apoyo a la educación, incluyendo las convocatorias recientemente publicadas, con oferta de cero plazas, así como la entrega-recepción de la Subsecretaría de Educación Básica a la Federación.
¿Cuáles grupos políticos, sindicales y empresariales resultarán más beneficiados de este convenio? ¿Quiénes ganan con todo esto? Resulta elemental dar seguimiento a los recursos financieros y humanos, el poder y el capital político que se generó, removió y cambió de manos durante estos últimos meses.
Ante el río revuelto se observa efervescencia entre los pescadores. En el clima del convenio firmado es imposible no vislumbrar la ambición detrás de la guerra intestina que se ha suscitado al interior de la CNTE, en aras de hacerse de su poder y la capacidad de movilización de sus recursos, tanto en lo político como en lo electoral. Además de los hechos de violencia y de las descalificaciones mutuas entre los grupos en disputa, resulta particularmente oscuro el hecho de haber convocado a la entrega ilegal de horas de clases a un número aún indeterminado de maestros de las escuelas secundarias, generales y técnicas, afines a la CNTE, prácticas que debieron erradicarse por completo del sector educativo de Michoacán desde hace muchos años. Hoy, en pleno proceso electoral, la Coordinación General de Gestoría de la Sección XVIII, que le sirve al grupo que se niega a entregar el poder desde hace más de un año hizo circular una convocatoria en la cual menciona que los profesores propuestos en un supuesto y desconocido proyecto de aumento de horas, deberán llevar cierta documentación a la Secretaría de Educación en el Estado con urgencia. Lo anterior debe leerse como una señal de desesperación provocada por la inminente escisión en las filas de la CNTE, así como el apremio que implicaría regularizar cuanto antes posibles actos ilícitos, como el reparto discrecional de claves, aumento injustificado de horas en el salón de clase o incluso, tráfico y subasta de horas/semana/mes para los incondicionales de la Coordinadora. Es decir, no les importaron las consecuencias de este llamado desesperado a la movilización que los legitime, ni para el grupo en el poder ni para los funcionarios que pudieran, por colusión u omisión estar involucrados en semejante irregularidad.
Hasta cierto punto, la situación de la educación michoacana luce desesperanzadora; no se ve claramente establecida ni una agenda ni una ruta de solución que generen el punto de inflexión que permita llevar, por lo menos, a la media nacional a nuestro sistema educativo, ya que siguen dándose una gran cantidad de incidentes en materia de violación a derechos humanos de los estudiantes y sus maestros, continúan acumulándose las denuncias ante las instancias competentes, pero las soluciones no aparecen o llegan a cuentagotas. Por ello, es importante levantar la mirada y saber que esto no será eterno y que debemos arremangarnos todos para contribuir a la solución.
Rendir cuentas es una alta responsabilidad de los gobiernos y sus funcionarios. La opacidad provee de la sombra necesaria a la metamórfica corrupción. En Michoacán, especialmente en materia educativa se han anidado una gran cantidad de vicios y mecanismos de lucro perpetrados con los recursos humanos, materiales y financieros destinados originariamente a formar a las próximas generaciones de ciudadanos. Al ser el ámbito en el cual se cuenta con mayor cantidad de presupuesto y de personal se le ha visto como la caja grande de las maniobras de enriquecimiento ilícito para los gobernantes corruptos y las cúpulas políticas, partidistas, gremiales y empresariales que han sido corruptoras.
Si todos los ciudadanos michoacanos hicieran conciencia de que recibir una educación simulada garantiza a altísimos porcentajes de las nuevas generaciones a la inmovilidad social, a la pobreza, a la migración y a ser orillados a tomar falsas salidas, sin duda se gestaría una profunda transformación de lo público.
Si tuviéramos todos en cuenta la altísima correlación existente entre los años de escolaridad de la población y su nivel de ingresos anuales, su esperanza de vida, su movilidad social y su bienestar en general haríamos mucho más por garantizar trayectorias completas para nuestros hijos. La ignorancia parece ser, a la vez condición y consecuencia indispensable para que el saqueo a la educación estatal continúe.
Por ende, resultará clave contar con información válida, confiable y representativa en cuanto a indicadores educativos respecta. Especialmente, en lo que respecta al logro en el aprendizaje de los estudiantes michoacanos. Por lo anterior, además de lo que decida la SEP en cuanto al futuro de la evaluación del aprendizaje en la nación, lo que involucra definir el destino de la prueba PLANEA, debería considerarse seriamente aplicar en 2021 la prueba PISA en Michoacán como un elemento revulsivo que permita conocer más a fondo cual es la realidad en la materia. No olvidemos que, uno de los instrumentos clave a nivel mundial para lograr conocer el logro en el aprendizaje es la prueba PISA, la cual ha mostrado de forma cuantitativa, cualitativa y comparable cual es el estado de la educación en países y regiones subnacionales durante dos décadas, permitiendo a los actores clave realizar propuestas y recomendaciones, modelando la política pública en materia educativa hacia una ruta de mejora continua.
De 2000 a 2018, en Michoacán ni siquiera hemos contado con la serie de aplicaciones concatenadas que nos permitan conocer la evolución en el aprendizaje, recibiendo a cambio los cada vez más increíbles cheques de saliva que nos expiden los políticos advenidos en funcionarios educativos. Se perdió la oportunidad de contar con información de altísima calidad durante 2015 y 2018. Con pruebas similares como PLANEA y ENLACE se ha llegado al extremo de intentar engañar a la ciudadanía usando tendenciosamente los datos carentes de representatividad que se han obtenido de su exigua aplicación.
No se puede seguir sin conocer la situación en la que se encuentra la entidad en materia de aprendizaje. La autoridad debe de realizar un diagnóstico objetivo y externo del estado de la educación en Michoacán, especialmente en lo que se refiere al logro de aprendizaje entre la niñez y juventud matriculadas en las escuelas del estado. Seguir negando o evadiendo nuestra realidad solamente nos llevará a seguir repitiendo malas prácticas en cuanto a política educativa respecta, a seguir incurriendo en vicios y a que el derecho a aprender de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Michoacán continúe siendo vulnerado, simulado y pisoteado.
El Gobierno del Estado de Michoacán ha destacado históricamente por proveer de muy poca información a la sociedad, especialmente en materia educativa. Poco ha hecho realmente para que la cultura de la evaluación permee en la entidad, hilvanando deslindes inaceptables basadas en la supuesta “falta de condiciones” para la aplicación de pruebas, parapetándose detrás de los grupos político-sindicales, pero siendo a todas luces los funcionarios los grandes beneficiados de ese enorme manto de opacidad que les provee la inaplicación de los diagnósticos. A pesar de esa pésima tendencia, se cuenta con la oportunidad de reivindicarse y ponerse a la vanguardia de las entidades federativas promoviendo que en 2021 se aplique la Prueba PISA, la cual que permitirá obtener una descripción precisa en cuanto al logro en el aprendizaje y el contexto respecta. También, por supuesto, está la opción del continuismo, de seguir haciendo lo mismo de siempre y sin que la sociedad se entere.
En suma, el año próximo podríamos contar con una gran cantidad de información respecto a lo que se realizó durante la última década en materia educativa. Prácticamente será un hecho el poder corroborar nuestros avances con la información minuciosa proveniente de la aplicación del Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, realizado por una de las instituciones más serias de la nación, como es el INEGI; hecho que podría combinarse con la evaluación del logro del aprendizaje por parte de un organismo internacional, lo cual nos proveería de información invaluable para realizar un diagnóstico profundo en aras de realizar una reconstrucción integral del sistema educativo estatal.
Es un hecho que, en materia de rendición de cuentas, acceso a la información y evaluación del aprendizaje no hemos contado con auténticos agentes de cambio. Han pesado la inercia, la simulación y se han obtenido muy pocos resultados. ¿Será necesario esperar a un cambio de agentes para que por fin suceda en el sistema educativo michoacano lo que en el resto de la nación es normal y cotidiano? ¿Podríamos comenzar desde ahora?
