Impulsa edil de Pátzcuaro alianza entre diputados y ediles
MORELIA, Mich., 5 de diciembre de 2019.- Son irracionales y quizá también inconstitucionales el cobro de algunos de los impuestos que el Gobierno del Estado pretende grabar a los michoacanos a partir de 2020, advirtió el presidente municipal de Pátzcuaro, Víctor Manuel Báez Ceja, quien lanzó un llamado a los diputados principalmente de Morena y de los demás partidos para que eviten el perjuicio que traería a la hacienda pública el intento de la administración silvanista.
Señala un comunicado de prensa que, “en el proyecto que el gobierno estatal envió al Congreso del Estado, por ejemplo, se pretende establecer un impuesto por “depósito y almacenamiento de residuos”. Este impuesto que se impulsa con el mote de ecológico, tiene una finalidad puramente recaudatoria que de aprobarse impactaría negativamente en la capacidad financiera de los municipios, que dentro de un entorno de por si complicado, somos las entidades con menos capacidad financiera en la cadena federación, estados y municipios”, refirió Víctor Manuel Báez.
“No tenemos presupuestado el pago de una contribución por el depósito de los residuos sólidos, por lo que una situación así desequilibraría nuestras finanzas y es muy probable que, si se concreta la reforma a la Ley de Hacienda Estatal, muchos ayuntamientos trasladen ese impuesto a los ciudadanos”, agregó.
Víctor Báez reiteró la necesidad de impulsar una alianza entre alcaldes y legisladores que impida que este intento prospere. "Vamos a buscar todas las rutas posibles, desde el diálogo con los diputados, hasta la revisión jurídica de alternativas para litigar este cobro que sin duda impactaría negativamente a los municipios y a sus pobladores, quienes finalmente constituimos la base social de Michoacán".
El presidente municipal de Pátzcuaro, recordó que el impuesto en mención es un reintento del año anterior que pese a las modificaciones con las que se presenta este año, mantiene puntos que repiten la inconstitucionalidad planteada desde 2018, principalmente por la invasión de competencias en las que, de aplicarse la propuesta, incurriría el gobierno estatal.
