Defectos en decreto de creación de Policía Morelia anula sus sanciones

MORELIA, Mich., 5 de agosto de 2019.- Defectos en el decreto de creación de la Policía de Morelia como órgano descentralizado han llevado a que los actos y sanciones de los elementos municipales sean nulos, afirmó Abraham Alejandro Salazar García, director de Asuntos Jurídicos del comité Michoacán, del Movimiento Nacional en Pro de la Justicia y la Seguridad.

Explicó que el decreto de creación de la corporación de seguridad pública local pasó únicamente por la comisión de seguridad del Cabildo, por lo que el dictamen emitido por tres regidores fue el documento publicado en el Periodico Oficial del Estado (POE), y no el acuerdo de creación del organismo descentralizado.

De acuerdo con Abraham Alejandro Salazar, la problemática fue detectada al realizar la defensa de elementos de la Policía Municipal dados de baja que reclamaron una separación injustificada de sus cargos.

Alertó que esto tiene “implicaciones graves”, ya que no existe de manera formal la Policía de Morelia, y sus elementos son civiles armados efectuado funciones para las que no tendrían competencia o facultades, por lo que podrían incurrir en la comisión de delitos como la privación ilegal de la libertad.

“La Policía de Morelia se creó de manera ilegal, no hubo la correcta publicidad, no hubo un acuerdo de Cabildo para su creación, y esto hace que todos sus actos estén viciados de nulidad”, reiteró Salazar García.

Desde multas por estacionamiento en sitios inapropiados hasta detenciones estarían en la posibilidad de ser revertidos y anulados sus efectos, lo que “podría abrir la puerta a que por un tecnicismo delincuentes salgan en libertad”.

La ausencia de certeza jurídica se extiende a las instancias del sistema de justicia cívica, como los jueces cívicos y el centro municipal de detención, que operaría como “una cárcel privada”.

Cuestionado en torno de la responsabilidad que las autoridades locales tendrían en un acto que se llevó a cabo hacia el término de 2015 por la administración encabezada por Alfonso Martínez, destacó que corresponde a la institución solventar la parte administrativa, mediante la corrección de los defectos del decreto de creación de la Policía de Morelia.

En cambio, los posibles delitos que se habrían cometido al asumir funciones de seguridad pública civiles armados deberían ser atendidos a través de denuncias interpuestas en lo individual ante el Ministerio Público, situación que se valora, ya que “no queremos que este argumento se use para sacar de apuros a delincuentes”.

“El órgano descentralizado fue creado a finales de 2015, pero en aras de impulsar la reingeniería de la administración municipal se hizo esto de forma anticipada y no se vieron los pequeños detalles que ahora pueden ser grandes problemas”, expresó.

Aseveró que “como movimiento que atendemos los derechos humanos de los elementos policíacos, estamos viendo el problema y avisamos del mismo, por una cuestión de ética, porque se pueden comprometer la seguridad jurídica, económica y pública si las cosas están mal de inicio y de nada sirven los esfuerzos que se han emprendido para lograr una Policía local de proximidad y eficiente”.

Agregó que el movimiento ha hecho del conocimiento de la Comisión Municipal de Seguridad Pública esta situación, si bien “nadie quiere pagar el costo político que la atención del problema conllevaría”.