Capacitan sobre contraloría social a ejecutores de programas
MORELIA, Mich., 30 de julio 2019. – Con la finalidad de verificar y vigilar que los recursos destinados a la operación de los programas que maneja el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), delegación Michoacán, sean ejercidos con transparencia, la Secretaría de Contraloría del Estado, a través de la Dirección de Participación Ciudadana, capacitó a las y los servidores públicos que ejercen este programa.
De acuerdo a un comunicado de prensa, la capacitación, en materia de Contraloría Social, abonará a la integración de una sociedad con equidad e igualdad de oportunidades, asegurando el ejercicio de los derechos sociales.
En ese sentido, la subsecretaria de Evaluación y Auditoría Gubernamental y Participación Social de la Contraloría estatal, Laura González Martínez, señaló que esta actividad se llevó a cabo en cumplimiento al Plan de Desarrollo Integral para el Estado de Michoacán, en su eje de Rendición de Cuentas, Transparencia y Gobierno Digital, el cual refiere establecer mecanismos tendientes al fortalecimiento de la participación ciudadana en el quehacer gubernamental a través de la Contraloría Social.
“La contribución al uso adecuado de los recursos públicos, dentro de ese marco y como parte de las acciones concertadas a realizar en dichos programas para los pueblos indígenas, fue el tenor por el que se realizó nuestra participación a través de asesoría en materia de contraloría social”, subrayó.
Como Órgano Estatal de Control, la Secoem interviene en el acompañamiento de las acciones de difusión, capacitación, recopilación de informes y atención de quejas y denuncias.
“Para el Gobierno de Silvano Aureoles Conejo, es una prioridad coadyuvar en la promoción de la transparencia y el combate a la corrupción en la gestión pública, así como propiciar la participación de los beneficiarios de los programas de desarrollo social a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Estatal, dado que la finalidad es que los ciudadanos cuenten con un gobierno transparente en la aplicación de los recursos públicos y se logre consolidar una cultura de legalidad”, finalizó.