Desactualizado e inoperante, procedimiento de juicio político: diputado
MORELIA, Mich., 1 de abril de 2019.- El juicio político es un instrumento que los ciudadanos pueden utilizar en contra de servidores públicos, cuando consideran que no actúan con apego a la ley, pero no prosperan porque se desconoce su procedimiento, reconoció el diputado Sergio Báez.
Además, ese procedimiento legislativo requiere una actualización porque actualmente hasta se contrapone a otras leyes como la de Responsabilidades y tiene muchas lagunas, reconoció el legislador que hasta el pasado viernes presidió la Comisión de Gobernación, que es la responsable de dictaminar la procedencia del juicio político.
“Tenemos que enriquecer la ley, hacer más ágil el procedimiento y darle certeza a la gente de que ese instrumento puede ser utilizado a su favor” porque es frecuente que se declaren improcedentes.
Señaló que hace 15 días se declaró la improcedencia de una denuncia de un ciudadano de La Piedad porque estaba solicitando el juicio político contra varios servidores públicos que no son sujetos de ese procedimiento, el cual se podría aplicar solo a uno, el ex síndico municipal y ya fuera de tiempo.
La semana pasada se declaró improcedente la denuncia en contra de la presidenta municipal y el síndico de Copándaro porque no estaba debidamente sustentado y están por resolverse dos juicios civiles, cuyas sentencias pueden dar soporte a una nueva denuncia.
Citó otro ejemplo de desconocimiento del procedimiento sobre una denuncia en contra de la presidenta del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP), Areli Navarrete, la cual no llegó al pleno debido a que no fue ratificada.
Báez señaló que la necesidad de actualizar el procedimiento de juicio político es preocupación de varios partidos políticos como lo muestran las tres iniciativas de ley presentadas, una de Yarabi Ávila, una de Fermín Bernabé Bahena y una de él mismo.
El legislador de Morena dejó la dictaminación de esas iniciativas de ley a su correligionaria Cristina Portillo, quien lo relevó en la presidencia de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado.