Cuestionados; magistrados del TJA niegan mano negra en su designación
MORELIA, Mich., 18 de marzo de 2019.- Luego de que un juez de Distrito ordenara al Congreso de Michoacán reponer el proceso de designación de los magistrados especializados en la materia de anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Sergio Mecino y Rafael Rosales advirtieron que nada está dicho, que no hay una sentencia y que buscarán revocar dicha resolución.
Fue Jesús Alfredo Duarte Briz, uno de los aspirantes, quien, inconforme con el proceso, interpuso el recurso de revisión expediente III-831/2018, con el argumento de que el Congreso de Michoacán no pudo demostrar a la autoridad jurisdiccional cuáles fueron los criterios que se utilizaron para evaluar los perfiles y designar a los magistrados.
En entrevista con Quadratín, el magistrado anticorrupción, Rafael Rosales Coria, designado junto con Mecino Morales el 28 de marzo de 2018, aseguró que encargo fue resultado de un proceso apegado a las competencias del poder Legislativo, y que en este no influyeron criterios políticos.
“No hay na sentencia, lamentablemente hay quienes han desinformado; yo sigo en la responsabilidad que se me encomendó. Mi formación y experiencia profesional me respalda, y cuestiones política no se señalan en el amparo porque no tienen razón de ser. La decisión del Congreso de Michoacán fue en el ejercicio de su facultad soberana e independiente”, expuso.
Por su parte, el magistrado anticorrupción, Sergio Mecino Morales, adelantó que interpondrá un recurso de revisión para buscar la revocación de la resolución que emitió el juez cuarto de Distrito, Reynaldo Piñón Rangel, ya que, en su opinión, no se encuentra apegada a los criterios con que han sido resueltos casos similares.
“Considero que el Congreso de Michoacán siguió el procedimiento que establecía la convocatoria, se agotaron las instancias, se sometió a las comisiones de Justicia y Gobernación, desde mi punto de vista la designación estuvo apegada a la ley y a la convocatoria”, expuso.
Subrayó que es un asunto que no es definitivo, por lo que es necesario esperar a que las autoridades jurisdiccionales den un veredicto final para determinar si el Congreso se apegó al procedimiento legal; “desde mi punto de vista sí, y todos participamos en igualdad de circunstancias”, recalcó.
