Observador ciudadano/Enrique Bautista
Atender los efectos de la crisis.
En el año de 1986 este articulista pasaba todas las noches por algún punto sobre una carretera donde cruzaba el gasoducto Salamanca –Lázaro Cárdenas. Justo en un cruce de caminos se encontraba situada una válvula de seguridad del gasoducto, y no de manera casual cada noche se encontraba una pipa estacionada junto a la válvula de seguridad, la cual estaba equipada con un sofisticado equipo exterior de tubos y válvulas. En algún momento durante la noche o l madrugada la pipa se retiraba.
Después de algunas noches o semanas de observar su constante presencia nocturna concluí, sin un análisis concienzudo de por medio, que la pipa se paraba junto a la válvula de seguridad para extraer gas, que seguramente licuaba con su sofisticado equipo, y se lo llevaba de manera ilegal para algún uso que hasta ahora desconozco.
Era esa seguramente una de las escasas manifestaciones de robo de combustible que se daban entonces en el país. Recuerdo también que preocupado por el asunto lo comenté con un amigo que tenía relaciones al más alto nivel con el director general de Pemex. A los pocos días, la pipa desapareció y no volvió a presentarse en ese punto durante los años que continúe cruzando ese punto para llegar a mi destino.
Hoy sabemos que tristemente que el robo de combustibles no solo no se erradicó, sino creció de manera explosiva por todo el territorio, sembrando en la desgracia a la empresa más redituable del país, propiedad de la Nación, e en su momento motor del desarrollo. Corrompiendo además por necesidad a miles de mexicanos marginados, y enriqueciendo a un importante grupo de delincuentes de cuello blanco, incrustados tanto en el sector privado, como en diferentes niveles de gobierno, y en el seno de la propia paraestatal.
Si Pemex se hubiera administrado con honestidad y eficiencia a partir de esos años y durante la época de oro de los precios del petróleo (de 1982 a 2012) seguramente el país habría mantenido niveles de crecimiento cercanos a los que tuvo durante los años del llamado desarrollo estabilizador, y hoy nos encontraríamos en el umbral del desarrollo, como lo hace correa del Sur o los llamados tigres asiáticos.
Sin embargo la historia la conocemos; la riqueza petrolera fue despilfarrada y saqueada de manera absurda, transformando al principal activo de México materializado en Pemex en una empresa ineficiente, endeudada a niveles absurdos, y colocándola en términos financieros al borde de la quiebra.
Por ello hoy, la inmensa mayoría de los mexicanos con sentido nacionalista y un poco de memoria histórica, aplaudimos la decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador de tomar las medidas necesarias para terminar con el saqueo del patrimonio petrolero nacional.
Que ha habido errores en la estrategia para lograr los fines que se persiguen, como lo señalan los críticos que nunca hicieron nada para evitarlo o quienes jamás levantaron la voz para proponer el camino para lograrlo, tal vez los pudo haber habido, pero lo fundamental es que hoy se han dado los primeros pasos para atacar de fondo y erradicar el problema.
Ciertamente resulta urgente que se definan una serie de estrategias complementarias en materia de logística para eficientar la distribución de las gasolinas y combustibles, evitando efectos negativos en otras actividades productivas y en el funcionamiento normal de la economía y la sociedad. Si este objetivo tiene un alto costo económico de corto plazo, o requiere de constituir alianzas con transportistas de fluidos nacionales o extranjeros, de contratar los servicios de especialistas en sistemas de distribución, o de las empresas que garanticen el manejo eficiente de los sistemas de transporte de fluidos a través de ductos, habrá que hacerlo. Se trata de reconstruir a Pemex y que eventualmente se reconstituya como un motor fundamental para el desarrollo del país.
Es urgente también que el gobierno de la República señale con nombre y apellido a los responsables que vayan apareciendo de estos actos de corrupción y saqueo, y se les finquen responsabilidades de inmediato por: robo de combustibles, ataques a instalaciones nacionales estratégicas, lavado de dinero, delincuencia organizada, evasión fiscal, y lo que resulte procedente.
La ciudadanía afectada por la falta de combustibles en diferentes partes del país ha dado muestras de solidaridad y respaldo a las medidas presidenciales, pero exige que se señale y sancione a los responsables en forma expedita.
En los escasos 45 días que lleva el aún nuevo gobierno federal en funciones ha dado muestras claras del rumbo que quiere imprimir al desarrollo nacional, así como de su clara intención de extirpar a la corrupción como fuente primaria de la delincuencia, el crimen, y la injusticia social que padece el país. Pero no basta con tomar las medidas necesarias para romper con la inercia del delito; es necesario empezar a señalar y castigar a los responsables. La ciudadanía no demanda actos de venganza sino aplicación de la justicia.
