Vencerá el miércoles plazo para interponer recurso contra reforma a Ley
MORELIA, Mich., 2 de diciembre de 2018.- El próximo 5 de diciembre vencerá el plazo para que los legisladores federales interpongan recursos de inconstitucionalidad de la creación de la figura de coordinador en las entidades de programas de la Federación, refirió Ángel Ávila Romero, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Tras su participación en el quinto foro regional El Futuro de la Democracia Mexicana, llevado a cabo en Morelia, Ávila Romero señaló que los senadores y diputados federales del PRD, en conjunción con el instituto político, trabajan en una controversia por la inconstitucionalidad de la reforma a la ley orgánica de la administración federal que posibilitó la implementación de los coordinadores estatales de programa federales de desarrollo social.
Expuso que para que este recurso proceda se requiere de un tercio de los legisladores del Congreso de la Unión a favor de la propuesta, por lo que el aurinegro ha iniciado acercamientos con las fuerzas políticas que se mostraron opuestas a la reforma.
Ángel Ávila detalló que esta figura implica una violación al pacto federal que existe con las entidades y el gobierno de la república, al crear figuras de intermediación entre ambos niveles de gobierno.
Por su parte, Silvano Aureoles señaló que mantendrá una relación institucional y de respeto con el gobierno de la república y Roberto Pantoja Arzola, coordinador de programas federales de desarrollo en Michoacán y exdirigente local de Morena.
No obstante, mencionó que se recurrirá a las instancias jurisdiccionales para lograr la eliminación de esta figura.
“Una cosa es que la reforma a la ley orgánica de la administración federal permita la existencia de los coordinadores y otra es que nosotros estemos de acuerdo”, expresó Silvano Aureoles.
La reforma a la ley orgánica de la administración pública federal establece que los coordinadores estatales de programas de desarrollo social implementados por la Federación coordinarán las acciones entre las autoridades federales, estatales y municipales y el Ejecutivo Federal.
Asimismo, definió un plazo de 180 días para la determinación de la estructura administrativa de las coordinaciones y la presentación ante el presidente de la república de un análisis de costos. Esta evaluación se extenderá a las delegaciones federales en las entidades.
